La pieza SEPI del caso Leire alcanza también a María Teresa Castillo Pasalodos, exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa, una sociedad pública participada mayoritariamente por la SEPI. Su imputación sitúa de nuevo el foco en una de las zonas más delicadas del sector público empresarial: la posible utilización de cargos, relaciones institucionales e información interna para orientar decisiones públicas en beneficio de determinados intereses.
Mercasa no constituye una empresa de carácter secundario en la estructura estatal. Se trata de una compañía de naturaleza pública que se encuentra vinculada a la red de mercados mayoristas y a la administración de infraestructuras alimentarias de relevancia estratégica. Por esta razón, el hecho de que una anterior responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales aparezca entre los investigados en un procedimiento relativo a presuntos amaños en empresas públicas incrementa notablemente la trascendencia política e institucional que reviste el caso.
El juez Santiago Pedraz ha citado a Castillo Pasalodos dentro del grupo de 25 investigados en la pieza relacionada con la SEPI, donde se analizan posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, la investigada conserva plenamente la presunción de inocencia, pero su citación obliga a esclarecer qué papel pudo desempeñar en las operaciones bajo sospecha.
Según las informaciones publicadas, la investigación vincula a Castillo Pasalodos con Mercasa y con actuaciones relacionadas con adjudicaciones o movimientos empresariales que habrían podido beneficiar a sociedades conectadas con el grupo Hirurok, el núcleo que los investigadores sitúan alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existió una red de contactos capaz de influir en decisiones de empresas públicas y canalizar beneficios económicos mediante contratos, informes o intermediaciones.
Una de las líneas señaladas afecta a posibles adjudicaciones a Servinabar 2000, sociedad que la UCO considera vinculada al entorno investigado. Las pesquisas apuntan también a reuniones, mensajes, correos electrónicos y documentos internos relacionados con la elaboración de un informe técnico que habría servido para justificar el traslado de la sede de Mercasa y abrir la puerta a nuevas operaciones inmobiliarias. Esa conexión entre informes internos, decisiones corporativas y posibles beneficios privados es uno de los puntos más sensibles de la causa.
La sospecha fundamental no se limita a que se hubiera tomado una decisión empresarial cuestionable, sino a si personas con acceso a información privilegiada dentro de Mercasa pudieron haber preparado, condicionado o facilitado dicha decisión. Castillo Pasalodos, desde su rol en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, habría desempeñado funciones en un área particularmente significativa para conocer los contactos, las estrategias internas, los vínculos con terceros y las resoluciones de repercusión económica.
La investigación tendrá que esclarecer si su desempeño fue exclusivamente de naturaleza administrativa y profesional o si participó de manera más directa en los hechos que se examinan. Asimismo, será necesario determinar si estaba consciente de la verdadera intención detrás de las operaciones cuestionadas, si proporcionó documentación, si mantuvo contactos con otros investigados o si su denominación figura en la causa debido a su rol dentro de la organización de Mercasa.
El caso resulta especialmente grave porque Mercasa forma parte del sector público estatal y está participada en un 51% por la SEPI. Eso significa que cualquier sospecha sobre su gestión no afecta únicamente a una empresa concreta, sino al sistema de control de las sociedades públicas. Cuando una exdirectiva de una compañía pública aparece en una investigación por presuntos amaños, la pregunta política es inevitable: ¿hubo mecanismos suficientes para evitar que decisiones empresariales estatales pudieran ser utilizadas con fines ajenos al interés general?
El mapa que está trazando la pieza SEPI del caso Leire resulta inquietante: funcionarios de alto nivel, antiguos directivos, hombres de negocios, documentación técnica, subvenciones estatales, contratos adjudicados y corporaciones de relevancia estratégica se encuentran bajo escrutinio. La inclusión de María Teresa Castillo Pasalodos en ese elenco refuerza la sensación de que la investigación no se circunscribe a un hecho aislado, sino que examina una estructura más compleja de vínculos entre las esferas pública, política y privada.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si María Teresa Castillo Pasalodos actuó como un engranaje activo dentro del mecanismo investigado o si sus funciones se circunscribieron a tareas ordinarias en el seno de Mercasa. No obstante, su nombre ya se encuentra inmerso en una investigación que impacta directamente sobre la credibilidad de la administración pública, lo que genera la necesidad de solicitar explicaciones transparentes, exigencias de responsabilidad política y supervisión efectiva sobre las entidades vinculadas a la SEPI.
Fuente: El País, RTVE, Vozpópuli, Infobae, Artículo14 y Europa Press.
