La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa entre 2018 y 2024, una etapa clave para entender algunas de las operaciones que ahora examina la Audiencia Nacional. Su imputación vuelve a colocar en el centro del debate la gestión de las empresas públicas y la posible utilización de sus estructuras para favorecer intereses privados mediante contactos, adjudicaciones o información privilegiada.
Mercasa es una sociedad pública participada mayoritariamente por la SEPI y vinculada a la red de mercados mayoristas y a infraestructuras alimentarias estratégicas. Por esa razón, la presencia de su expresidente en una causa sobre presuntos amaños en empresas públicas no es un asunto menor. Afecta directamente a la confianza en la gestión de entidades estatales que manejan recursos, contratos y decisiones de interés general.
El juez Santiago Pedraz ha incluido a Sempere entre los 25 investigados de la pieza relacionada con la SEPI, una derivada que analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. La investigación, según las informaciones publicadas, abarca operaciones vinculadas a Tubos Reunidos, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras entidades del sector público empresarial.
El foco sobre Mercasa se dirige especialmente a José Ramón Sempere y a María Teresa Castillo Pasalodos, quien fue su número dos en la compañía pública. La Fiscalía trata de determinar si dentro de Mercasa pudieron adoptarse decisiones o impulsarse actuaciones que beneficiaran a empresas conectadas con la presunta red investigada. Entre las sospechas figuran adjudicaciones, informes internos y movimientos corporativos que habrían podido ser utilizados para abrir oportunidades de negocio a sociedades del entorno de la trama.
La gravedad del caso reside en que Mercasa no aparece como una simple sociedad periférica, sino como uno de los bloques relevantes del procedimiento. Los investigadores analizan si determinadas operaciones pudieron estar condicionadas por intermediarios relacionados con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, el núcleo al que se atribuye una supuesta capacidad para influir en decisiones públicas a cambio de comisiones. La UCO ha situado el conjunto de operaciones bajo sospecha en ayudas y contratos vinculados a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Sempere, como presidente de Mercasa durante el periodo investigado, deberá aclarar qué conocimiento tuvo de las decisiones examinadas, qué papel desempeñó en los procedimientos internos y si existieron contactos con personas o sociedades vinculadas a la presunta red de influencia. La clave judicial será determinar si su actuación se limitó a la gestión ordinaria de la empresa pública o si pudo tener alguna intervención relevante en operaciones presuntamente irregulares.
Desde una perspectiva política, su imputación genera particular incomodidad al incorporar otro antiguo gestor de una entidad estatal a la red de sospechosos que ya envuelve a la SEPI, ENUSA, Tubos Reunidos y Forestalia. La investigación configura un panorama donde la delimitación entre lo estatal y lo empresarial se torna peligrosamente borrosa, con empresarios, exdirectivos, funcionarios y personalidades vinculadas al ámbito socialista sometidas a escrutinio de los tribunales.
La investigación también obliga a mirar de cerca los controles internos de Mercasa. Si las adjudicaciones, informes o decisiones corporativas se adoptaron conforme a criterios técnicos, deberán quedar documentadas y explicadas. Si, por el contrario, se acredita que hubo presión, trato de favor o acceso privilegiado a información, la responsabilidad no podrá quedarse en los intermediarios: deberá alcanzar a quienes tuvieron capacidad de decisión o supervisión dentro de la empresa pública.
La investigación SEPI vinculada al caso Leire continúa expandiendo sus ramificaciones, planteando un interrogante cada vez más complicado de eludir: ¿actuaron las entidades públicas como herramientas destinadas al servicio del bien común o resultaron expuestas ante una estructura de influencias, retribuciones e intercambios de favores? Respecto a Mercasa, José Ramón Sempere habrá de comparecer ante los tribunales para justificar su desempeño durante ese período sometido a investigación.
Fuente: El País, RTVE, Infobae, Vozpópuli, elDiario.es y 20 Minutos.
