La Agencia Tributaria afronta una nueva sacudida interna tras conocerse el relevo de dos de sus altos cargos más relevantes: Virginia Muñoz Fernández, directora del Departamento de Recaudación, y Manuel Trillo Álvarez, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Ambos movimientos se producen en un momento especialmente sensible para el organismo, marcado por la salida de Soledad Fernández Doctor como directora general y por el creciente ruido político en torno al denominado caso Zapatero.
Los recientes movimientos en la cúpula de la AEAT se producen después de que el juez del caso Plus Ultra brindara a Hacienda la opción de intervenir como posible afectada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, una decisión que ha incrementado la presión sobre el organismo tributario al poder implicar efectos significativos en la evolución judicial del caso.
Aunque Hacienda defiende que los relevos responden a motivos profesionales y a movimientos previstos con anterioridad, la coincidencia temporal ha alimentado serias sospechas de la oposición y de la ciudadanía. El hecho de que las salidas afecten precisamente a dos departamentos clave —Recaudación e Inspección— ha intensificado la lectura de que la Agencia Tributaria atraviesa una crisis interna de mayor calado.
En este contexto, el relevo de Muñoz y Trillo se suma a la incertidumbre sobre la posición que adoptará finalmente Hacienda en el procedimiento relacionado con Zapatero. La cuestión central sigue siendo si la Agencia Tributaria se personará o no como perjudicada, una decisión que ha convertido estos movimientos internos en un asunto de alto impacto político e institucional.
La sospecha de motivación política aparece por la coincidencia temporal de diversos elementos; en primer lugar, la marcha de Fernández se hace pública justo después de que el juez del caso Plus Ultra planteara a Hacienda la posibilidad de personarse como parte perjudicada por las joyas incautadas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros, según reveló The Objective.
Segundo, el Partido Popular amplió el plan de trabajo de la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI y convocó a Soledad Fernández para que el 13 de julio expusiera la postura del fisco. El PP afirma que su salida pretende eludir o influir en esa comparecencia, aunque también señaló que debería presentarse incluso si abandona el cargo.
Tercero, la salida no afectaría solo a la directora general, sino también a dos departamentos clave: Recaudación e Inspección, áreas directamente relacionadas con la capacidad de la Agencia para cobrar deudas, investigar posibles fraudes y personarse o actuar en procedimientos con impacto fiscal. Esa coincidencia alimenta la lectura de “renuncia masiva” o crisis en la cúpula.
