La UCO centra aún más la atención en el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y desencadena una crisis interna debido al rol desempeñado por Ortuzar
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado al Partido Nacionalista Vasco en el centro de las pesquisas sobre el rescate concedido a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros aprobada por la SEPI en 2021 y que, según los informes incorporados al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz, habría estado rodeada de gestiones de intermediación vinculadas a la denominada trama de la SEPI.
Según la documentación mencionada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores descubrieron mensajes del grupo Hirurok donde se hacía referencia a la supuesta influencia de contactos con el PNV para agilizar el expediente de la empresa vasca. En esos intercambios, los implicados vinculaban las gestiones realizadas con dirigentes nacionalistas con la rápida aprobación del rescate en un intervalo de tiempo muy reducido.
El informe de la UCO indica que el expediente de Tubos Reunidos fue nuevamente remitido al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que acabó obteniendo luz verde; antes de ello, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la conveniencia de conocer la postura del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, incluidas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también señala la implicación de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto con la participación de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. De acuerdo con el sumario, ellos habrían intervenido en trámites vinculados al rescate de Tubos Reunidos y, por esa presunta gestión, habrían recibido una comisión que rondaría los 115.000 euros.
Tras la aprobación de la ayuda pública, Tubos Reunidos firmó el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, sociedad vinculada a Antxon Alonso. El acuerdo contemplaba pagos anuales de 60.000 euros bajo el concepto de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO sostiene que esas cantidades responderían en realidad a una contraprestación por los servicios prestados durante el proceso del rescate.
El caso también alcanza a la anterior dirección del PNV por las reuniones que mantuvieron con representantes de Tubos Reunidos y con personas vinculadas a la trama investigada. De acuerdo con la documentación mencionada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, tomaron parte en un encuentro realizado el 28 de enero de 2025 junto a directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión se enmarcaría en una segunda fase de gestiones vinculadas a Tubos Reunidos, esta vez relacionada con una solicitud para aplazar un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO destaca que dicha petición avanzó con rapidez: recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y obtuvo una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La difusión de estos mensajes ha generado malestar en el PNV, y según Vozpópuli, fuentes internas reconocen que el escenario es complejo y que la dirección actual intentará separar la actividad habitual del partido de los contactos realizados durante la etapa de Ortuzar; la idea sería atribuir la responsabilidad política de esas reuniones al anterior presidente del partido para así resguardar la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna coincide con las discrepancias sobre la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector próximo al lehendakari Imanol Pradales considera que la continuidad del apoyo al PSOE puede dañar las expectativas electorales de los nacionalistas vascos, especialmente en un contexto de crecimiento de EH Bildu y de desgaste del Gobierno central por los casos de corrupción que afectan a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli afirma que la dirección del PNV no contempla romper con Sánchez ni respaldar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. Según esas fuentes, la formación nacionalista seguiría vinculada al PSOE tanto por los equilibrios de la política estatal como por la relación de dependencia institucional en el País Vasco, donde el respaldo socialista continúa siendo esencial para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos emerge como un nuevo frente de presión para el PNV, que procura frenar el efecto de las referencias de la UCO mientras intenta evitar un choque con el Ejecutivo central. La investigación judicial, todavía en desarrollo, aclarará hasta dónde llegaron las actuaciones señaladas en los informes y qué papel habrían asumido los diversos intermediarios en la concesión de las ayudas públicas.
Fuente: Información ofrecida por Libertad Digital y Vozpópuli.
