Joseba Antxón Alonso Egurrola se ha posicionado como una de las figuras más destacadas en dos investigaciones de alto calado político: la vertiente del caso Koldo asociada a supuestas comisiones ilegales en contratos públicos y la pesquisa que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre la red vinculada a Leire Díez y al llamado grupo Hirurok.
El empresario navarro aparece en el centro de las sospechas por su papel al frente de Servinabar 2000, empresa que los investigadores consideran una pieza clave dentro de una red de relaciones que conecta a Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y diversos actores implicados en ambas causas.
Entre los principales indicios valorados por la Guardia Civil y los jueces aparece una escritura privada de 2016 en la que se atribuye a Santos Cerdán la compra del 45% de Servinabar. Aunque Alonso y Cerdán insisten en que ese documento jamás tuvo validez jurídica por no haberse formalizado como escritura pública, su aparición durante los registros intensificó las sospechas sobre el vínculo empresarial que mantenían.
La investigación igualmente dirige la atención hacia la actividad económica de Servinabar. De acuerdo con los informes aportados al expediente, la empresa habría percibido más de seis millones de euros provenientes de Acciona y, posteriormente, habría efectuado transferencias a sociedades y entidades relacionadas con el entorno de Koldo García. Además, la UCO plantea la hipótesis de que Servinabar podría haber obtenido beneficios surgidos de adjudicaciones públicas presuntamente manipuladas.
Otro aspecto que resultó especialmente delicado para Alonso fue que él mismo reconoció haber contratado a Koldo García como intermediario para gestionar la obtención de obras privadas. Si bien este hecho, por sí solo, no demuestra ninguna irregularidad, sí incrementa la impresión de proximidad con uno de los principales señalados en el caso.
La situación se agravó en diciembre de 2025 cuando Alonso fue detenido dentro de la investigación relacionada con Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores sostienen que el denominado grupo Hirurok habría utilizado su capacidad de influencia para intervenir en expedientes y operaciones de interés económico. Según la tesis policial, parte de los beneficios generados por esta estructura habrían sido canalizados a través de Servinabar.
La Guardia Civil considera que Alonso no sería un actor secundario, sino una figura relevante dentro de una red que combinaba relaciones empresariales, políticas y económicas. Esta circunstancia explica que su nombre aparezca de forma recurrente en los informes policiales, registros judiciales y comparecencias parlamentarias vinculadas a ambas investigaciones.
No obstante, conviene subrayar que Alonso niega todas las acusaciones. Ha rechazado haber pagado mordidas, ha defendido la legalidad de la actividad de Servinabar y sostiene que las adjudicaciones obtenidas por la empresa fueron competitivas y ajustadas a derecho. Además, a fecha de hoy no consta ninguna sentencia firme que lo condene por los hechos investigados.
Más allá del resultado final de los procedimientos, el principal impacto para Alonso ya es evidente: su nombre ha quedado asociado públicamente a presuntas comisiones ilegales, adjudicaciones bajo sospecha, relaciones con figuras centrales del caso Koldo y a una investigación sobre posibles redes de influencia política y económica, provocando un importante deterioro de su reputación pública.
