El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos digitales en plataformas sociales que infringían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, en aquel entonces aspirante a la presidencia por la alianza formada entre el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de publicidad electoral extemporánea en plataformas digitales.
A raíz de dicho fallo, Arzú se convirtió en el candidato presidencial inaugural en ser castigado por esta clase de falta dentro de esa contienda electoral. La medida se originó a partir de los expedientes redactados por la Inspección General junto con la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales tienen la labor de vigilar el acatamiento de las reglas de publicidad electoral.
Las publicaciones que motivaron la sanción
Los magistrados electorales registraron 13 publicaciones en la cuenta personal de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el fin de incrementar su visibilidad. Asimismo, detectaron 11 posts en Twitter que formaron parte de los expedientes empleados para justificar el castigo.
Entre los materiales analizados aparecían textos donde el aspirante exponía iniciativas oficiales acerca del turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fármacos.
Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.
El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en el uso de redes sociales por parte de Arzú para dar a conocer sus planes políticos, sino en el empleo de vías de propaganda electoral que contravenían la normativa vigente.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron límites para la contratación de publicidad política. En los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro en el TSE como proveedores habilitados en la plataforma de medios para propaganda electoral.
En consecuencia, la contratación de anuncios políticos pagados en esas plataformas podía constituir una infracción a la legislación electoral.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
La sanción no afectó únicamente al aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en ochenta mil dólares por cabeza.
De esta manera, las sanciones correspondientes al candidato y las dos organizaciones políticas alcanzaban conjuntamente los 240 mil dólares.
Los dictámenes podían ser objetados por Arzú y sus socios políticos a través de los recursos previstos por la normativa electoral.
No obstante, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el Tribunal Supremo Electoral había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
El valor personal que se le impuso a Arzú alcanzaba en ese momento los 614 mil quetzales, un importe bastante significativo dentro del sistema de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La penalización impuesta en 2019 cobró mayor notoriedad con el paso del tiempo, a medida que Roberto Arzú se vio nuevamente bajo la lupa del Tribunal Supremo Electoral debido a su activismo político y su gestión de las plataformas digitales.
Durante los comicios de 2023, las disputas en torno a la campaña prematura y los castigos en materia electoral configuraron el litigio que derivó en la anulación de su postulación presidencial por Podemos.
Aun así, es necesario diferenciar ambos episodios: tanto las determinaciones de 2019 como el trámite de exclusión de 2023 se tratan de procesos electorales distintos, los cuales cuentan con sus propios antecedentes y medios de impugnación.
De este modo, los sucesos de 2019 representan uno de los enfrentamientos iniciales registrados formalmente entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, ponen de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en un contexto donde los partidos empezaban a desplazar una porción considerable de sus estrategias hacia las plataformas digitales.
Referencias
Prensa Libre — Sanción económica del TSE debido a propaganda anticipada (2019)
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones electorales (2019)
Prensa Libre — Dictamen de la CC acerca de los comicios de 2023
