La publicación del Decreto Legislativo 48-2025 colocó nuevamente a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) en el centro de la discusión institucional. La norma, asociada al cierre de la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional, establece facultades que tendría una eventual comisión, pero no supone que el mecanismo haya comenzado a funcionar. Al mismo tiempo, las dudas planteadas sobre la aprobación y publicación del decreto trasladaron parte de la controversia del terreno político al judicial.
La llamada Ley Especial de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras otorga personalidad jurídica a una próxima CICIH y prevé su participación en calidad de querellante autónomo, dotándola de facultades de acusador privado para los asuntos que se incluyan en su ámbito de actuación.
El alcance de la decisión legislativa, sin embargo, tiene un límite definido por el propio texto. El decreto dispone que la comisión deberá constituirse mediante un acuerdo entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y fija una duración de cinco años contados desde su instalación oficial. En consecuencia, la actuación atribuida a Redondo y al Congreso se circunscribe a la aprobación y posterior publicación de un marco jurídico interno: no equivale a la instalación de la CICIH ni sustituye el acuerdo internacional requerido para su conformación.
Qué establece el decreto y hasta dónde llega
La diferencia entre crear condiciones legales para el funcionamiento de un mecanismo y ponerlo efectivamente en marcha resulta central para entender el alcance del Decreto 48-2025.
La normativa busca definir anticipadamente la capacidad jurídica de una eventual CICIH dentro de Honduras. Uno de sus componentes principales es permitir que la comisión pueda ejercer funciones como acusador privado, una atribución vinculada directamente con su posible intervención en procesos relacionados con casos comprendidos en su mandato.
Dicha estructura jurídica configura, por consiguiente, una delimitación en cuanto a los instrumentos que el grupo de trabajo emplearía en caso de formarse. Sin embargo, la promulgación de la norma no agota el procedimiento estipulado en el propio texto. Con el propósito de que dicho organismo multinacional quede constituido legalmente, aún falta concretar el pacto respectivo con Naciones Unidas y, con posterioridad, su puesta en marcha oficial.
La separación igualmente fija la rendición de cuentas política correspondiente a la presidencia del Congreso en aquel lapso. Redondo no instaló la CICIH mediante el Decreto 48-2025. Lo suscitado en su administración consistió en la sanción de una normativa orientada a otorgar estatus legal y atribuciones a una delegación cuyo nacimiento sigue supeditado a otro mecanismo.
Las dudas se concentran en el trámite legislativo
La controversia alrededor de la norma no se limita a su contenido. Una parte sustancial del debate se concentra en el procedimiento mediante el cual fue aprobada y posteriormente publicada.
El documento consigna como fecha de aprobación el 18 de junio de 2025, mientras que su publicación en La Gaceta se produjo hasta el 22 de enero de 2026, pocos días antes del cambio de legislatura. Esa distancia temporal se convirtió en uno de los elementos alrededor de los cuales surgieron cuestionamientos sobre el trámite.
También surgieron interrogantes sobre si el proyecto logró los sufragios necesarios en su recorrido por el Congreso Nacional. La aparición de dichos cuestionamientos dio pie a un debate diferente al de la utilidad o el impacto de la CICIH: aquel enfocado en la validez del procedimiento legislativo empleado para sancionar la disposición.
El 2 de febrero de 2026, Redondo enfrentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a la supuesta comisión de ilícitos relacionados con la creación y difusión del decreto. Entre los puntos objetados figuraron las condiciones en que el texto se habría enviado para su publicación en La Gaceta.
La presentación de la denuncia no resolvió por sí misma las objeciones formuladas, pero convirtió el proceso seguido para la publicación del decreto en un asunto sujeto a actuaciones dentro del ámbito institucional correspondiente.
Del conflicto político al análisis judicial
Durante el mismo período también fue reportada una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 48-2025, con lo que el debate dejó de desarrollarse únicamente alrededor de las posiciones políticas sobre la CICIH y pasó a incluir una discusión jurídica sobre la normativa.
Esa circunstancia deja apartados dos interrogantes que, aun estando vinculados, no resultan idénticos. El primero alude al esquema planteado en el decreto: entidad jurídica, facultad para obrar como querellante independiente y un plazo operativo de un lustro para una posible comisión. El segundo se enfoca en esclarecer si el trámite de validación y divulgación respetó los requisitos legales y constitucionales pertinentes.
La distinción importa porque debatir acerca de cómo se gestó el decreto no altera, por sí solo, el hecho de que su contenido no constituye automáticamente la CICIH. Del mismo modo, fijar las atribuciones de la futura entidad tampoco zanja las dudas planteadas sobre el proceso mediante el cual el texto oficial vio la luz.
El Decreto 48-2025 queda así situado entre dos procesos todavía diferenciados: el debate sobre la legalidad de su origen legislativo y los pasos necesarios para que el mecanismo internacional pueda constituirse. La publicación realizada al final de la gestión de Luis Redondo proporcionó un marco normativo para una eventual CICIH, pero la existencia efectiva de la comisión continúa dependiendo del acuerdo con Naciones Unidas previsto en la propia legislación.
En ese escenario, el debate institucional no se reduce exclusivamente a las facultades que el sistema anticorrupción llegaría a desplegar. Asimismo, comprende el modo en que se gestan, sancionan y difunden las determinaciones del Congreso Nacional. En tanto ambas vertientes permanezcan vigentes, el Decreto 48-2025 se mantendrá como un punto de partida ineludible, tanto en las discusiones relativas a la CICIH como en los conflictos originados a raíz de su proceso de aprobación parlamentaria.
