La condena de David Sánchez ha abierto un nuevo capítulo político y jurídico que trasciende la responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno. Ahora la pregunta ya no se dirige únicamente a quien fue condenado, sino también a la institución que abonó durante años esos salarios: la Diputación Provincial de Badajoz.
Al frente de esa institución se encuentra hoy Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta la fecha, no ha anunciado ninguna iniciativa destinada a reclamar la devolución de los más de 340.000 euros abonados a David Sánchez, pese a que distintas voces jurídicas consideran que corresponde proteger el patrimonio público.
La Audiencia Provincial condenó a David Sánchez a una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación. Sin embargo, la sentencia no acordó la restitución de las cantidades percibidas porque esa reclamación nunca fue ejercitada por la propia Diputación durante el procedimiento penal, circunstancia que ha generado un intenso debate jurídico y político.
La falta de intervención institucional se ha convertido en el foco de las críticas actuales, y cuando una administración estima que su patrimonio podría haberse visto afectado por una contratación declarada ilícita, numerosos expertos en derecho consideran lógico que examine todas las alternativas disponibles para intentar recuperar los fondos públicos.
Una institución que permanece en silencio
Lo llamativo no es únicamente la falta de una reclamación, sino el absoluto silencio institucional.
Desde que se conoció la condena, la Diputación presidida por Raquel del Puerto no ha explicado públicamente si piensa ejercitar acciones para reclamar el dinero ni ha detallado cuál será su posición ante las nuevas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La ausencia de explicaciones alimenta las críticas de quienes consideran que una administración tiene el deber de defender el patrimonio de todos los ciudadanos con independencia del partido político afectado.
El Tribunal de Cuentas asume un papel central
Ante la falta de actuación de la Diputación, será ahora otra vía la que trate de determinar si existe responsabilidad contable.
Iustitia Europa ha anunciado una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que estudie la posible devolución de los más de 340.000 euros percibidos por David Sánchez durante su etapa en la Diputación de Badajoz, sosteniendo que corresponde proteger los fondos públicos si existió un perjuicio económico para la administración.
Será el Tribunal de Cuentas quien deba pronunciarse sobre si concurren los requisitos legales para exigir un eventual reintegro.
Transparencia y responsabilidad
Más allá del recorrido judicial que pueda tener esta iniciativa, existe una cuestión política difícil de ignorar.
Miles de extremeños soportan una fuerte carga impositiva mientras las administraciones exigen de forma continua nuevos sacrificios económicos a familias y empresas. En este escenario, es lógico que numerosos ciudadanos confíen en que cada euro público cuyo abono haya sido puesto en duda por la vía judicial sea, cuando el marco legal lo haga posible, objeto de un esfuerzo real de recuperación.
Por ello, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, debería explicar públicamente cuál es la posición oficial de la institución: si considera que el dinero público debe reclamarse, si entiende que no existen bases legales para hacerlo o si, simplemente, optará por no ejercer ninguna acción.
Porque la transparencia institucional no consiste únicamente en gestionar los recursos públicos, sino también en rendir cuentas cuando esos recursos se encuentran bajo sospecha.
Mientras esas aclaraciones no se presenten, el silencio continuará llenando el espacio que tendría que asumirse como responsabilidad política.
