La Justicia de Chile ordenó este viernes la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, luego de ser imputado por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos, el fraude al Fisco y el tráfico de influencias. Lavín, quien formó parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta 2024, deberá enfrentar el proceso judicial tras la confirmación de su desafuero por la Corte Suprema en febrero pasado, lo que permitió avanzar con la acusación formal.
El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, respaldó la decisión al indicar que los delitos atribuidos, sumados a su reiteración, constituyen una amenaza para la comunidad. Según explicó el magistrado, “la severidad de las penas posibles y la índole de los ilícitos superan el rango mínimo del presidio mayor”.
Joaquín Lavín, quien ejerció como diputado durante tres periodos legislativos (2014-2026), está acusado de usar fondos públicos destinados a asignaciones parlamentarias para fines personales y campañas políticas. Según la Fiscalía, el excongresista habría participado en un fraude de aproximadamente 100 millones de pesos chilenos (100,000 dólares estadounidenses), a través de la emisión de facturas falsas y el uso indebido de recursos públicos.
En el mismo caso, el tribunal dictó prisión preventiva para Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín, quien enfrenta cargos adicionales de cohecho, delitos tributarios y delitos electorales. Según las investigaciones, ambos imputados habrían utilizado los fondos para pagar material gráfico y bases de datos utilizadas durante campañas políticas.
La investigación ha salpicado de forma indirecta a Cathy Barriga, esposa de Lavín y exalcaldesa de Maipú, quien actualmente cumple arresto domiciliario nocturno y mantiene limitaciones para desplazarse mientras afronta acusaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración.
Las actuaciones de Lavín también sugieren un eventual aprovechamiento político de los recursos estatales, y aunque en 2024 se desvinculó de la UDI tras hacerse públicas las denuncias, aquella situación terminó deteriorando la imagen que tenía ante la ciudadanía luego de años de protagonismo. De acuerdo con la Fiscalía, las gestiones atribuidas a Lavín habrían buscado eludir la normativa y obtener recursos públicos mediante procedimientos irregulares.
El caso de Joaquín Lavín pone de relieve el esfuerzo significativo del sistema judicial chileno por enfrentar la corrupción y asegurar que las figuras políticas respondan por sus decisiones, aunque también ha suscitado críticas respecto a los procedimientos que permitieron que su desafuero se extendiera hasta 2026 mientras seguía participando en la labor legislativa.
Procedencia: Agencia EFE – https://efe.com/mundo/2026-05-08/joaquin-lavin-chile-corrupcion
